El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 2.389
plazas de profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial para el año 2012. Con esta oferta de
empleo público, Andalucía habrá consolidado 16.313 nuevos puestos de
profesionales docentes para la educación no universitaria en la presente
legislatura.
Del total de plazas aprobadas para el próximo año, 1.922
corresponden a Educación Secundaria y el resto se reparte entre la
Formación Profesional (219) y las Enseñanzas de Régimen Especial:
Escuelas Oficiales de Idiomas (92), Música y Artes Escénicas (138) y
Artes Plásticas y Diseño (18).
Por especialidades, en Secundaria el mayor número de plazas
se destina a profesores de Geografía e Historia (425), Matemáticas
(300), Lengua Castellana y Literatura (295) e Inglés (235). En el caso
de la Formación Profesional, destacan la oferta para Servicios a la
Comunidad y Procedimientos Asistenciales y Sanitarios, con 40 cada una,
así como Mantenimiento de Vehículos (35) y Sistemas y Aplicaciones
Informáticas (30). Como es habitual en todos los procedimientos de
acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, se reserva un 5%
de las plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior
al 33%.
Para calcular el número de puestos ofertados se han tenido
en cuenta las previsiones de consolidación recogidas en el Estatuto
Básico del Empleado Público, de las que resultan 1.752 plazas, y la
tasa de reposición del 30% prevista en los vigentes Presupuestos
Generales del Estado y en el propio Presupuesto de la Junta para 2012,
que dan lugar a las 637 restantes.
La convocatoria oficial se realizará en el primer trimestre
del año y el concurso oposición a finales de junio, de tal modo que los
nuevos funcionarios se incorporarán a sus puestos a partir del 1 de
septiembre. Como principales novedades, regirán los temarios aprobados
por el Ministerio de Educación el pasado mes de noviembre y también será
de aplicación el nuevo sistema selectivo que se desarrolla una vez
finalizado el periodo transitorio de acceso a la función pública docente
previsto en la Ley Orgánica de Educación. Esta fórmula, iniciada en
2007, ha permitido reducir el nivel de interinidad del 20% al 8% actual,
dentro de los límites recomendados por la Unión Europea, así como hacer
posible que el 80% de la plantilla total cuente con destino definitivo.
Pruebas
Respecto al desarrollo del proceso selectivo, en la fase de
oposición se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos
específicos de la especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y
el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Para
ello se realizarán dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio.
La primera de ellas constará, a su vez, de dos partes que
serán valoradas conjuntamente: una práctica para comprobar la formación
científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra
teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el
aspirante de entre un número extraído al azar por el tribunal. La
segunda de las pruebas de la fase de oposición, centrada en la aptitud
pedagógica y el dominio de las técnicas del ejercicio docente,
consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la
preparación y exposición oral de una unidad.
Cada una de estas dos pruebas deberán ser superadas con una
puntuación igual o superior a cinco puntos sobre diez para pasar a la
fase de concurso, en la que se valorarán los méritos de los aspirantes
en cuanto a su formación académica y experiencia previa. La fase de
oposición representará dos tercios de la calificación final.
La oferta de empleo público aprobada hoy por el Consejo de
Gobierno garantiza la estabilidad de las plantillas de la escuela
pública andaluza, que alcanza ya los 98.170 docentes. De ellos, un
tercio ha accedido a la condición de funcionario durante los últimos
cinco años. Por otra parte, el modelo andaluz de cobertura de bajas ha
permitido agilizar el proceso y reducir a 1,5 días el plazo medio de
sustitución, muy por debajo del máximo de 5 establecido por la
normativa. Antes de su entrada en vigor en 2010, las bajas se cubrían a
partir de los 15 días.