La Diputación de Córdoba destinará, en el ejercicio de 2014, un total de 3.860.000 euros –unos 500.000 euros más que en 2013- a las distintas localidades de la provincia en el marco del Programa de fomento y colaboración con los municipios y entidades locales autónomas para la realización de inversiones, actividades y servicios de competencia municipal.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar el equilibrio y la vertebración territorial de la provincia mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con las iniciativas municipales, apostando por la calidad de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y el conocimiento, de manera que se consolide un mejor uno de los recursos propios y la atracción de nuevas actividades económicas a una sociedad participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un futuro respetuoso con la naturaleza”.
El vicepresidente primero en la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado hoy que “el órgano competente de cada entidad local beneficiaria, considerando los criterios básicos aprobados por el Pleno de la Diputación, ha podido formular, del 6 al 22 de abril, sus propuestas priorizadas de fomento y colaboración, a través del Registro Electrónico de la institución provincial”.
Del mismo modo, Fuentes ha especificado que “la Diputación de Córdoba y las entidades locales beneficiarias- 74 ayuntamientos y 6 ELAs- trabajarán en políticas públicas con ámbitos competenciales de colaboración y financiación integrados y orientados a dotar a los pueblos de la provincia, especialmente los de menor población, capacidad económica y de gestión, de instrumentos que garanticen el ejercicio integro de sus competencias”.
En este marco, se han presentado un total de 404 proyectos, 189 destinados a bienes públicos preferentes, que engloba el 47 por ciento; 141 a servicios públicos básicos, acaparando el 35 por ciento; 43 de carácter económico, con un 11 por ciento, un 4 por ciento, es decir 18 proyectos, destinados a promoción social; y 13, a otras actuaciones, lo que hace un total del 3 por ciento.
De los 189 proyectos referidos a producción de bienes públicos preferenciales, 16 corresponden a salud y educación, integrando servicios asistenciales a centros de salud; acciones públicas relativas a la salud; mantenimiento de edificios de titularidad local de educación infantil, primaria y especial; obtención de solares para centros docentes; o vigilancia para escolaridad obligatoria.
Del mismo modo, 173 hacen referencia a cultura y deporte, referidos a promoción cultural; ocupación del tiempo libre; promoción del deporte; e instalaciones deportivas.
Por otra parte, en lo referente a servicios públicos básicos, se han presentado un total de 141 proyectos, de los cuales 64 son referidos a seguridad y movilidad ciudadana; vivienda y urbanismo, que centrarán su atención en la policía local; tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; protección civil; urbanismo e infraestructuras viaria.
En lo referente a bienestar comunitario, se han presentado 44 proyectos relativos al abastecimiento de agua y evacuación y tratamiento de aguas residuales; gestión de residuos urbanos; limpieza viaria; y al cementerio y actividades funerarias; y 33 proyectos referentes al medio ambiente referidos a alumbrado público, parques y jardines públicos y protección contra la contaminación.
En cuanto a las actuaciones de carácter económico, se han registrado un total de 43 proyectos, relativos a comercio, turismo, transporte e infraestructuras, que hacen alusión a ferias de abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; información y promoción turística; transporte colectivo urbano de viajeros; infraestructuras del transporte y caminos vecinales de titularidad local.
Asimismo, relativos a la promoción social, 18 proyectos se destinarán a servicios sociales, promoción social y asistencia a personas dependientes; y 13, a participación ciudadana en TICs, basados en la participación de los ciudadanos en las tecnologías de la información y de conocimiento.
Salvador Fuentes ha recordado que, desde que tomó posesión el actual equipo de Gobierno, se establecieron unos criterios objetivos de reparto de las ayudas de este programa, “que permite, además, a los ayuntamientos conocer de antemano la cantidad que se les va a asignar”. Respecto a los criterios, cabe señalar que se establece uno fijo, que distribuye el 63% del crédito total disponible entre todos los municipios; uno que tiene en cuenta la población, que beneficia a las localidades con menor número de habitantes; y la variable de dispersión, que atiende, por un lado, al número de núcleos de población y, por otro, a la proporción de la población existente en núcleos distintos al principal.
Además, el vicepresidente ha hecho especial hincapié en que “los consistorios pueden determinar en qué gastan esta ayuda. Se trabaja así sobre unos criterios de transparencia, eficacia y equidad”.