La adaptación a los últimos cambios de la legislación europea permite incrementar los porcentajes de financiación de los incentivos
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que adapta a los últimos cambios de la legislación europea el marco regulador hasta 2020 de las ayudas a empresas, tanto las directas de la Junta de Andalucía como las provenientes de fondos comunitarios. Las modificaciones afectan a cuatro normas aprobadas en 2014 y 2015, relativas a inversiones de finalidad regional; pequeñas y medianas empresas; investigación, desarrollo e innovación, y protección del medio ambiente y desarrollo energético sostenible. En líneas generales, se mejoran las condiciones y los porcentajes de financiación de los incentivos, principalmente subvenciones, préstamos, bonificaciones de intereses, anticipos reembolsables y garantías.
En el caso de las ayudas de finalidad regional desaparece la limitación que afectaba a las grandes empresas, para las que sólo se apoyaban inversiones vinculadas a la puesta en marcha de una nueva actividad económica. Asimismo, se incrementa del 15% al 25% el porcentaje máximo de financiación a estas compañías y, en el caso del apoyo a inversiones iniciales, del 25% al 35% en las medianas empresas y del 35% al 45% en las pequeñas.
Las ayudas de finalidad regional financian inversiones como las relativas a creación y ampliación de instalaciones, introducción de mejoras en los procesos y lanzamiento de nuevos productos. Entre otros requisitos, los proyectos deben mantenerse en Andalucía por un periodo de tres a cinco años, dependiendo del tamaño de la empresa.
Respecto a las ayudas a las pymes, el decreto aprobado por el Consejo abre la posibilidad de elevar las cuantías destinadas a nuevos proyectos, hasta un máximo de 800.000 euros, frente a los 500.000 que permite la actual normativa. Además de financiar iniciativas empresariales, los incentivos regulados se destinan también a apoyar participaciones en ferias comerciales, contrataciones de servicios de consultoría, trabajos de prospección e iniciativas de cooperación territorial europea, entre otras.
Por su parte, los cambios referidos a las ayudas para investigación, desarrollo tecnológico e innovación, implican un aumento del porcentaje máximo en el caso de las agrupaciones empresariales innovadoras, que pasa del 55% en vigor al 65% del coste total del proyecto.
Estos incentivos respaldan iniciativas de I+D y estudios de viabilidad técnica previos a las actividades de investigación que se desarrollan en Andalucía, independientemente de la sede de la compañía promotora. Entre otros proyectos, se incluyen los destinados a obtención y validación de patentes y otros derechos de propiedad industrial; fomento de empresas jóvenes; innovación en procesos y organización en actividades de servicios; asesoramiento y fomento; préstamo, en régimen de comisión de servicios y a favor de las pymes, de personal altamente cualificado procedente de organismos de investigación sin ánimo de lucro o grandes empresas, y constitución, ampliación y animación de agrupaciones innovadoras.
Ahorro energético
Finalmente, en las ayudas medioambientales y de sostenibilidad energética se aumenta en un 10%, como regla general, el porcentaje máximo de diversas modalidades. Así, para la promoción de fuentes renovables se pasa del 50% al 60% del coste total.
Esta línea de incentivos se dirige a proyectos de ahorro y eficiencia energética; cogeneración; fomento de las fuentes renovables y funcionamiento de sus instalaciones; climatización urbana; saneamiento de terrenos contaminados; reciclado y reutilización de residuos; realización de estudios; formación, y optimización en monumentos, edificios históricos u otros lugares o eventos culturales. También se apoyan proyectos de inversión que permiten a las empresas ir más allá de la legislación europea, anticiparse a futuras normas o incrementar los niveles de protección ambiental en ausencia de las mismas.
El ámbito de aplicación de las ayudas medioambientales y energéticas se extiende a todos los sectores de la actividad económica salvo la pesca, la acuicultura y, parcialmente, la transformación y comercialización de productos agrícolas, con regulaciones propias. De acuerdo con el marco normativo comunitario, las ayudas se conceden con el fin de corregir el fallo de mercado que da lugar a un nivel de protección inferior debido a la pérdida de competitividad que suponen los costes de disminuir la contaminación e incorporar criterios de sostenibilidad energética.
Además de estos cambios para cada uno de los cuatro tipos de ayudas, el decreto aprobado por el Consejo incluye modificaciones comunes de carácter técnico destinadas a clarificar la regulación. De este modo, se mejoran aspectos relativos al "efecto incentivador" (verificación de la necesidad de la ayuda para la ejecución del proyecto) y a las reglas de acumulación de las ayudas.