El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución en la que se establecen las transferencias a los ayuntamientos de los fondos previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se distribuyen para las entidades locales de todo el país un total de 40 millones de euros, de ellos, 772.720 euros llegarán a los 77 municipios de la provincia de Córdoba, de la cual, La Rambla recibe 13.456,40 euros.
Estos fondos están destinados a financiar programas durante el periodo comprendido entre 1 de julio de 2021 y 30 de junio de 2022 y para el reparto se han establecido tres criterios. En primer lugar una partida fija de 1.000 euros por municipio, a la que se suma segunda aportación por número de habitantes (0,18€ por habitante censado a enero de 2020) y, en último lugar, otra cantidad para aquellos municipios que estén adscritos al Sistema de seguimiento integral contra la violencia de Género, Sistema VioGén, o tengan registradas usuarias en el servicio Atenpro de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas.
Córdoba es la provincia andaluza que mayor porcentaje de municipios hay adheridos al sistema Viogén. Un total de 33 ayuntamientos cordobeses cuentan con el convenio del Ministerio de Interior para luchar contra la violencia de género.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incorporó el incremento de la partida presupuestaria para las entidades locales en relación con la violencia de género, que pasó de 20 a 40 millones, tal y como estaba contemplado en el Pacto de Estado.
El Pacto de Estado contiene un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer y a mejorar la respuesta que, desde las administraciones e instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores a través de la atención, información, asesoramiento, asistencia social integral, alojamiento y recuperación.
En particular, incluye medidas para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, al tratarse de la administración más cercana a la ciudadanía y, por tanto, a las víctimas de esta violencia.