Los usuarios del sistema sanitario público de Andalucía pueden disponer ya del formulario para resolver su reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en relación a su cobertura sanitaria pública o su situación de aportación en la prestación farmacéutica (copago). Este cauce ha sido habilitado por el INSS a petición de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
La entrada en vigor a partir del 1 de julio del Real Decreto-Ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, puesto en marcha por el Gobierno central y de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, ha modificado los criterios para la cobertura sanitaria pública y las modalidades de aportación en la prestación farmacéutica de la ciudadanía estableciendo diferentes tramos.
Los activos de rentas de más de 100.000 euros, abonan el 60% del precio del medicamento, mientras aquellos con ingresos entre 18.000 y 100.000 euros, abonan el 50% del precio. Las personas activas con rentas de menos de 18.000 euros, asumen el 40% del precio del fármaco.
Por su parte, las personas con una pensión contributiva abonan el 10% de los fármacos hasta rentas de 100.000 euros. Si su renta supera los 100.000 euros, abonan el 60% del coste. Además, se han establecido tres tramos con los siguientes límites máximos: los de menos de 18.000 euros pagarán como máximo ocho euros al mes; los de más de 18.000 y menos de 100.000 euros abonarán 18 euros al mes; los de más de 100.000 euros abonan como máximo 60 euros al mes.
Desde que se ha puesto en marcha esta norma, se han detectado numerosas situaciones de desacuerdo expresadas por la ciudadanía. Con el fin de resolver las discrepancias que están surgiendo entre los datos que figuran en determinadas tarjetas sanitarias y la situación real, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha creado un instrumento de reclamación y subsanación de posibles errores o desactualizaciones.
Se trata de un formulario que permite al usuario exponer el error o desacuerdo en el tipo de aportación farmacéutica asignado o en el tipo de aseguramiento, así como clarificar la situación en la que manifiesta estar: trabajador en situación de alta o asimilada a la de alta; pensionista de la Seguridad Social; desempleado cobrando prestación o subsidio; perceptor de prestación periódica de la Seguridad Social; trabajador que agotó la prestación por desempleo y permanece desempleado; trabajador que agotó el subsidio por desempleo y permanece desempleado; persona que reside en España y no supera el límite de rentas establecido; persona que tiene suscrito un convenio especial de asistencia sanitaria.
En Andalucía, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha habilitado sus canales propios para facilitar el acceso de los usuarios a esta vía de subsanación. Para ello, todos los centros de salud andaluces así como las páginas web de la Consejería de Salud y Bienestar Social y delServicio Andaluz de Salud ofrecen a los usuarios un formulario para aclarar su situación de aseguramiento y copago.
Una vez completado, este documento debe presentarse en cualquier registro oficial (ayuntamiento, diputación, cualquier registro de la Junta de Andalucía o de la universidad) desde donde lo enviarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que sea este organismo el que tramite las modificaciones pertinentes, ya que este procedimiento es competencia exclusiva del Gobierno central.
Por su parte, la Consejería de Salud y Bienestar Social ya puso a disposición de la ciudadanía información en su web, así como en la del Servicio Andaluz de Salud, sobre el copago farmacéutico para que los usuarios andaluces que tuvieran dudas sobre el tramo en el que se encuentran, así como el nuevo porcentaje que deben pagar sobre el precio de los fármacos sujetos a prescripción médica, pudieran resolverlas. De hecho, desde el 1 de julio se han recibido 10.784 solicitudes de información respondidas sobre aspectos relacionados con el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, implantado por el Gobierno central.